Este jueves 13 de marzo tuvo lugar en Valladolid -entre otras ciudades- una concentración convocada de forma espontánea por profesionales del sector de Intervención Social, tras el asesinato de una compañera educadora social que se encontraba sola en su puesto de trabajo.
Se trataba de exponer unas demandas más que justas: seguridad, mejores convenios, un sistema anti-punitivista y que trabajar no sea su sentencia de muerte.
En la concurrida concentración se leyó el siguiente manifiesto:
MANIFIESTO POR UN SECTOR SOCIAL DIGNO Y SEGURO
Que trabajar no nos cueste la vida: la precariedad laboral en el Sector Social mata.
Hoy alzamos la voz por el trágico asesinato de nuestra compañera María Belén el pasado 10 de marzo, en su puesto de trabajo. Este hecho ha puesto de manifiesto la alarmante precariedad laboral y riesgos psicosociales que enfrenta nuestro sector en España. Este trágico crimen no es un hecho aislado, sino el reflejo de unas condiciones laborales deficientes que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a las y los menores que atendemos.
Nuestro trabajo no puede ser sinónimo de inestabilidad, de precariedad, de falta de condiciones laborales dignas, en algunos casos llegando a la peligrosidad, ni podemos ejercerlo apoyado en la vocación o el sacrificio humano de quienes nos dedicamos a ello.
Nuestro trabajo consiste, entre otras muchas funciones, en sostener, acompañar y educar a diversos grupos poblacionales pero paradójicamente, las profesionales de este sector, carecemos de sostén y respaldo de las instituciones, y muchas veces nos vemos expuestas a situaciones de máxima vulnerabilidad, y ya es hora de que esto cambie.
Llevamos tiempo denunciando la insuficiencia de personal, la sobrecarga de trabajo, los contratos inestables, la falta de descanso entre turnos, turnos que en muchos casos sobrepasan las 12 horas, ratios que no permiten una intervención de calidad, el hecho de vernos obligadas a trabajar solas en turnos sin compañeras ni la presencia de personal de seguridad o sistemas de vigilancia en los centros que así se requiera. Tampoco contamos con el apoyo institucional que externaliza unos servicios de los que debería ocuparse para garantizar el bienestar social.
Los riesgos psicosociales son una amenaza silenciosa: Amenazas, agresiones, estrés crónico, ansiedad, depresión y el agotamiento extremo están destrozando vidas. No basta con discursos vacíos ni con palabras de agradecimiento: necesitamos derechos, estabilidad, salarios justos y entornos de trabajo seguros. Pero sobre todo, necesitamos recursos. Recursos suficientes para que nuestro trabajo no dependa del esfuerzo sobrehumano de cada persona. Recursos que garanticen que cada intervención se realice con seguridad, tanto para quienes la reciben como para quienes la brindan. Es fundamental reducir la ratio de atención, porque no podemos seguir asumiendo cargas de trabajo inhumanas que nos impiden ofrecer un acompañamiento digno y seguro.
Es imprescindible mejorar y transformar el Sistema de Servicios Sociales, que actualmente, tanto en Extremadura como en otras comunidades, está externalizado, es decir, privatizado. La gestión indirecta y la mal denominada colaboración público-privada han llevado a un modelo precario, donde prima la rentabilidad económica sobre la calidad y la seguridad del servicio. No podemos seguir permitiendo que los derechos sociales dependan de modelos que precarizan el trabajo y debilitan los servicios. Exigimos una transformación total del sistema, que garantice condiciones dignas y seguras para profesionales y usuarios.
Asimismo, es urgente transformar el Sistema de Protección y Reforma, apostando por una intervención comunitaria y no punitiva. Necesitamos un modelo de intervención con menores en el que se ponga en el centro a la persona. La infancia y juventud requieren una intervención integral con un acompañamiento de calidad que garantice su desarrollo y protección frente a las circunstancias de vulnerabilidad a las que se enfrentan. No podemos permitir que la falta de recursos y la precarización del sector comprometan su bienestar y su futuro.
Exigimos inversión en más personal, en infraestructuras adecuadas y en medidas de seguridad reales.
No podemos seguir sosteniendo un sistema que nos consume hasta el límite y nos expone a riesgos inaceptables. Es urgente que las administraciones y las entidades asuman su responsabilidad y garanticen que el tercer sector no siga funcionando sobre la base de la precariedad y el peligro.
Hoy nos unimos para decir basta. Basta de condiciones indignas, basta de instituciones que miran hacia otro lado, basta de normalizar el sufrimiento y la violencia contra quienes trabajan por el bienestar de los demás. Queremos justicia, respeto y dignidad para todas las personas que trabajamos en el tercer sector.
Por un sector social que cuide a quienes sostienen, a quienes acompañan, a quienes facilitan una integración social.
Con más recursos, con más seguridad, con más reconocimiento.
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