La crisis económica desatada por la pandemia en 2020 está sirviendo como coartada para saquear a las clases trabajadoras directa e indirectamente.
Directamente a través del aumento continuado de los precios de la energía como la luz, el gas o los carburantes y también productos básicos de alimentación o higiene, mientras se mantienen estancados los salarios y se nos pide que aguantemos el tirón.
Indirectamente, el Estado mantiene una presión fiscal desproporcionada sobre la clase trabajadora, que soporta la inmensa mayoría de sus gastos superfluos y antisociales – algunos ejemplos:
- Ampliaciones de infraestructuras innecesarias, como los aeropuertos de las grandes capitales
- Ayudas indiscriminadas a patronales favorables al esclavismo (modulable como «contrarias a la legalidad laboral») como la patronal agraria u hostelera.
- Transferencias millonarias para multinacionales energéticas y de telecomunicaciones desde la UE como fondos next-generation UE.
- La maquinaria militar y represiva como la que se utiliza para deportar ilegal y masivamente a menores a la dictadura marroquí.
En los próximos meses los precios de múltiples mercancías amenazan con subir aún mas debido a los problemas en las cadenas globales de suministros. No permaneceremos impasibles mientras desde las instituciones se protege a quienes se lucran de esta situación y mientras los hogares trabajadores pagan facturas cada vez más altas:
- Exigimos una eliminación real de los desahucios. Exigimos un control de precios de alquileres. No admitimos que los rentistas y especuladores mantengan sus injustas ganancias.
- Exigimos la intervención del Estado que obligue a bajar los precios de la energía, interviniendo el mercado del gas y los beneficios de los monopolios del transporte y distribución de la electricidad, como medidas urgentes – a la espera de una reforma profunda y con sentido social del sector energético.
- Exigimos que se paralice el gasto de los fondos de reconstrucción europeos, las ayudas económicas a sectores por la pandemia y las inversiones en infraestructuras para destinarlas al sistema sanitario y al sistema de ciencia e investigación pública.
- Exigimos la mejora del Ingreso Mínimo Vital IMV para convertirlo en la prestación universal que debería ser, sin las trabas burocráticas actuales.
¡Denunciamos el encarecimiento constante de los medios de vida!
¡Denunciamos el estancamiento de los salarios!
¡Denunciamos que el Estado protege a los intereses de las minorías más peligrosas: grandes empresas y patronales, rentistas, banca y monopolios energéticos!
