POR UNA PENSIÓN, SALARIO MÍNIMO Y PRESTACIONES SOCIALES DIGNAS

Manifiesto de la movilización convocada por CNT, CGT, Parados en Movimiento, Bloque Obrero, Red Roja y STECYL-i para el viernes 16 de diciembre a las 20:00 en plaza Madrid

El gobierno prepara una nueva reforma del sistema de pensiones. La ministra de empleo Fátima Bañez se ha reunido recientemente con la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para comenzar a establecer los términos de este nuevo ataque contra el sistema de pensiones.

Las anteriores reformas de los gobiernos del PSOE y PP, en 2011 y 2013, implicaron medidas abusivas y fuertemente restrictivas a los derechos de las personas jubiladas, incluyendo:

retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años.
incremento hasta 37 de los años de cotización requeridos para acceso a la pensión máxima
retraso de la jubilación anticipada voluntaria
incremento hasta los 25 años para el cómputo de la pensión
se desligan las pensiones del IPC y se reducen.

Todo ello se traduce en que nos fuerzan a trabajar más años, cada vez con menos salario, al tiempo que reducen la cuantía económica de nuestras pensiones. Es decir nos explotan por más tiempo y con menos dinero, a la par que nos estafan al reducirnos la parte del salario que diferimos o reservamos para nuestra pensión.

Para justificarlo cargan de nuevo con el discurso del miedo de la insostenibilidad del sistema, del déficit de la caja de la seguridad social y de la “crisis de las pensiones”, y lo respaldan sobre complejas formulaciones económicas (Factor de Sostenibilidad) que sólo tienen en cuenta las variables que les interesan, tales como esperanza de vida, reducción de cotizantes, aumento del número de años de cobro de prestación, crisis, crecimiento etc y excluyen otras como el crecimiento de los salarios, los aumentos de productividad que se traducen en mayor riqueza para repartir entre los diferentes gastos, el efecto de la mano de obra migrante, la incorporación de la mujer al mundo laboral que tristemente en nuestro país aún le queda mucho recorrido etc.

Ese Factor de Sostenibilidad se divide en dos: el Factor de Equidad Intergeneracional que reduce siempre el importe de la pensión de acuerdo con la esperanza de vida y el Factor de Revalorización Anual que desliga la actualización de las pensiones del IPC con un efecto también a la baja.

Toda esta argumentación esconde que el concepto de EL DÉFICIT es una artimaña puramente capitalista, dado que fue el Pacto de Toledo el que decidió separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social surgiendo así el déficit contable al escindirlo totalmente de los Presupuestos Generales del Estado, dando de este modo los primeros pasos dictados desde el Banco Mundial para caminar hacia un sistema de capitalización individual.

Otros gastos, no sociales, como Defensa o la Casa Real son a todas luces deficitarios y no por ello padecen de los mismos cuestionamientos. Una sociedad justa, con el conjunto de la riqueza que genera, debe asegurar prioritariamente las necesidades básicas, los derechos sociales y la calidad de vida durante todas las etapas de la misma, para todos los individuos que la componen y que generan esa riqueza, antes que pensar en desviarla en partidas multimillonarias para sufragar instituciones altamente cuestionables y generalmente opacas.

Teóricamente así lo establece incluso la “sacrosanta” Constitución en su artículo 50, que no dudan en ignorar cuando a las élites político-financieras les interesa:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Por otro lado todas las reformas anteriores han ido avanzando cada vez más en conseguir que los costos de la seguridad social recaigan principalmente en las personas trabajadoras y poco o nada en las empresas. Así, “paradójicamente”, las medidas de apoyo a la creación de empleo indefinido están socavando los recursos del sistema. La Seguridad Social destina unos 1.700 millones de euros anuales a reducir o bonificar las cotizaciones sociales. Esto último significa que es el Servicio Estatal de Empleo el que sustituye al empresario en el pago de las cotizaciones sociales.

Una de los principales objetivos que ocultan estas reformas es conseguir la transición hacia un sistema de pensiones privado bajo los auspicios de las recomendaciones del Banco Mundial desechando el actual modelo de reparto y de solidaridad intergeneracional.

Así, la Seguridad Social ha suscrito diversos acuerdos con Entidades Financieras y de Seguros, a fin de incentivar la suscripción de seguros privados. Estos fondos son usados por los mercados financieros, que juegan con ellos en bolsa, para intentar aumentar su capital. Constituyen enormes flujos de capitales, seguros y sin riesgo para las instituciones financieras. Así los planes de pensiones privados se ven beneficiados por jugosas desgravaciones fiscales.

En manos privadas nuestras pensiones no quedan garantizadas pues la realidad es que si las fluctuaciones demográficas (como argumentan) pueden suponer riesgo para un sistema de pensiones, lo supone mucho más las fluctuaciones del mercado (botón de muestra han sido los fondos de pensiones privados de EEUU, que en 2006 registraron unas pérdidas cuantiosas o Argentina donde tras estar en manos de especuladores financieros ha sido “papa Estado” quien tuvo de nuevo que acudir al rescate).

Por ello nos movilizamos y exigimos el fin del fomento de las pensiones privadas de riesgo y en manos de especuladores financieros, el fin de las mentiras mediáticas interesadas sobre la quiebra del sistema (“el déficit de lo social”), la derogación de las anteriores reformas y la eliminación de las prestaciones al empresariado que no le corresponden a la Seguridad Social (como las bonificaciones por la contratación, que detraen recursos del fondo de reserva de las pensiones).

Y apostamos en lo inmediato por un sistema de pensiones que no debe depender del déficit o superávit del presupuesto de la Seguridad Social sino garantizar en toda circunstancia una vejez digna a todos los individuos y avanzar hacia la gestión colectiva y autónoma de los recursos destinados a su jubilación y protección social por parte de los propios trabajadores y usuarios.