Desde CNT Valladolid damos difusión a la versión extendida del artículo de Rubén Ruiz que se publicó en el número 425 del Periódico CNT.

El artículo se puede descargar para su lectura aquí: La nada sobre la nada

La nada sobre la nada

Crónica triste de un mundo rural moribundo

por Rubén Ruiz Fernández. Compañero de la CNT de Valladolid y del grupo libertario Sendero Negredo de Traspinedo.

La población rural es el almacén del que la humanidad, cuando empieza a marchitarse, saca nuevas fuerzas y renovadas energías. J. W. Goethe

Preludio

Esta crisis sanitaria que nos golpea en Europa desde principios del año 2020, ha sacado a relucir todas las carencias que lleva arrastrando el sector primario durante décadas. Para hablar de despoblación, primero, debemos intentar analizar cómo este sector ligado íntimamente al mundo rural ha ido de una forma constante perdiendo soberanía y riqueza para acabar formándose un auténtico desierto demográfico en torno a él.  Por una parte, se suceden las imágenes de jornaleros (auténticas víctimas de esta barbarie) en las campañas de recolección de la fruta o productos agrarios de todo tipo, bajo unas condiciones laborales totalmente indignas, sin cobertura social de ningún tipo, sin contrato y la mayoría teniendo como hogar la plena calle. Por otra parte, el campesinado, que en una gran parte, ni poseen la tierra, ni son participes de las decisiones en la gestión de la mercancía que producen. Estos últimos están ahora más que nunca a merced de la especulación de un mercado monopolizado por las grandes corporaciones de la alimentación y del propio Estado, que da cobertura legal a estas empresas sobre el control de todo este sector. La cruel realidad del campo no dista mucho de ser, a gran escala, lo que venimos desde hace años denunciando como falsos autónomos: arrendatarios de la tierra a particulares y supeditados a la imposición de un sistema productivo cada vez más alejado de lo humano y más cerca de la avaricia económica.

Aunque parezca contradictorio, en esta situación el miedo de los arrendatarios y de los pocos propietarios que hacen uso de esas explotaciones agrarias y ganaderas se vuelve hacia sus propios jornaleros y trabajadores. Mantener su estatus social y económico hace que abracen una idea corporativa de nación y que esa idea falsa de patriotismo apunte directamente contra los derechos humanos y contra las conquistas de los trabajadores. Esta amarga cadena asentada bajo bases reaccionarias para lo único que debe de servir es para que, desde esta Confederación de sindicatos y del conjunto del movimiento libertario, seamos capaces de articular una repuesta clara y concisa en el plano ideológico y real que traiga de vuelta a un sector que fue embrionario e impulsor de la propia CNT. El congreso de 1919 en el teatro de la Comedia de Madrid fue fundamental para dotar a la organización de un programa  agrario de lucha y para sumar fuerzas confluyendo y pasando a formar parte de la Confederación la Federación de Obreros y Agricultores (FNOA). Vamos a ir desgranando en estos párrafos las razones históricas, sociales y políticas, que han ido configurando un problema como la despoblación, al que auguramos una difícil solución, teniendo en cuenta, que se le lleva dando la espalda más de un siglo o, peor aún, cuando ha sido y es generado por aquellos que desde sus despachos en las grandes ciudades son también parte del problema.

Un buen amigo mío que vive en una pedanía en el norte de la provincia de Palencia, siempre me dice lo mismo: al margen de los discursos y de las palabras bienintencionadas, la solución más práctica con la que afrontar el problema de la despoblación es volver a vivir a los pueblos. Tiene razón Cesar “el Fino”. Desde allí las razones cobran más peso, desde allí se puede evidenciar el falso desarrollismo que ha hecho que en poco más de un siglo, amplias zonas del interior peninsular hayan entrado en colapso demográfico.

La base de la opresión: la posesión de la tierra

Según avanzaba la recuperación de tierras al mundo árabe (a partir del siglo IX), se iban creando pequeñas comunidades que en mayor o menor medida (y aunque la tierra nominalmente pertenecía a la autoridad real), gestionaban sus propios recursos de una manera colectiva. Las llamadas Comunidades de Villa y Tierra o la formación de Concejos en torno a estos principios de gestión, salpicaban la práctica totalidad de la península Ibérica. No es hasta el siglo XIII (aunque existen precedentes anteriores como los decreta del reino de León) y mediante el cuerpo normativo de las siete partidas cuando se empieza desde los reinos hispánicos a legislar sobre ese patrimonio común. Aun así, esta legislación no condujo de una manera radical a un régimen feudal ya que muchos de los bienes de uso común, a pesar de las desamortizaciones, han llegado hasta nuestros días. Sin embargo, sí que en algunas zonas donde la nobleza pudo hacerse fuerte, controlaron de una manera atroz la vida de sus vasallos a la vez que pleiteaban con sus potentes concejos el reparto de la producción y de la fiscalidad de la tierra.  

Dentro del antiguo régimen (antes de las desamortizaciones) existían 3 clases de propiedad que se cree que aglutinaban el 70% de las tierras cultivables. La Iglesia Católica poseía un inmenso patrimonio que durante siglos había ido acaparando a través de varias vías, pero sobre todo en donaciones recibidas por particulares, nobles y el propio Estado embrionario. Por supuesto esas tierras de labor no eran trabajadas por el propio clero, sino arrendadas al campesinado. Como hemos apuntando antes, la nobleza también poseía gran cantidad de tierras subordinadas al mayorazgo, una técnica de gestión que era heredada por los primogénitos y en la que podían aplicar señorío jurisdiccional, además, claro está, de tener al vasallo bajo el yugo de un arrendamiento forzoso. Las tierras del común se aprovechaban de dos formas: la primera los bienes comunales, una forma de aprovechamiento común generalmente de los prados o bosques; y la segunda los bienes de propios, una forma de arrendamiento al concejo bajo el pago de renta destinada a la hacienda del común.

Las desamortizaciones fueron el instrumento de los liberales a partir del siglo XVIII para acabar con el antiguo régimen y el punto de partida para consolidar el Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX. De forma unilateral, hubo una apropiación por parte del Estado de estas tierras descritas anteriormente que se denominaban de manos muertas y puestas a la venta, con el fin de crear una pequeña burguesía propietaria de la tierra que se suponía haría aumentar la producción de una agricultura basada hasta entonces en la mera subsistencia. Se fiaba en esa burguesía campesina la tarea de apuntalar las ideas primigenias de democracia que se estaban implantando en los países de nuestro entorno desde la revolución francesa.

La realidad fue que la propiedad de la tierra a nivel general nunca llegó a ser del campesinado y fue acaparada por la burguesía urbana que, bajo una especulación atroz basada en el negocio cortoplacista, va a iniciar una gran ofensiva contra el medio ambiente roturando ingentes superficies de bosque y monte. Con ello la mano del hombre ha moldeado en ambas mesetas y en amplias zonas del interior peninsular un paisaje donde las encinas o los quejigos dieron paso -casi de una manera uniforme- a los monocultivos de cereal. Solo en ciertos lugares más afortunados, donde las vegas de los ríos sirvieron de base para cultivar la vid, los pueblos que allí se asentaron contaron con más posibilidades de comercio gracias al beneficio que el vino rentaba a los productores. La transformación de la uva en los antiguos lagares y bodegas se hacía de un modo tradicional, sin un coste adicional y sin dependencia de terceros. La enfermedad de la filoxera, presente en la península desde 1877, arruinó este cultivo que tardó décadas en levantar otros viñedos resistentes al parásito^[1].

La llegada de la primera maquinaria industrial a los campos y a las urbes no hizo más que agudizar los problemas en ambas realidades imposibilitando poder desarrollar una vida plena en el mundo rural, iniciándose con ello continuos éxodos, tanto a las grandes ciudades peninsulares (cada vez más industrializadas y necesitadas de mano de obra), como al extranjero, donde son numerosos los ejemplos de comunidades enteras asentadas en las colonias del Estado Español o en otros países de Latinoamérica.

La II República española fue ese breve periodo de tiempo en el que las promesas de una gran reforma agraria se van a ver diluidas y ralentizadas, en parte, por la distinta correlación de fuerzas de las clases sociales que desde hacía décadas se venían enfrentando, agudizando su radicalización y sus peticiones desde 1931. Esta no es una cuestión baladí, pues acabo siendo el fracaso político más claro de ese periodo. También fue uno de los motivos para que sindicatos (primero la CNT y más tarde la UGT), jornaleros y campesinos, fueran paulatinamente alejándose de una República de la que, no olvidemos, fueron parte fundamental para su advenimiento. Solo durante el fracaso del golpe de Estado en 1936 se van a impulsar experiencias colectivistas en las zonas bajo control de las fuerzas antifascistas que, en un breve pero intenso periodo, van a producir los cambios de propiedad necesarios para

devolver al beneficio del común la gestión directa de amplias zonas de tierra cultivable. Fueron miles de hectáreas las que pasaron a organizarse de abajo arriba (con sus luces y sus sombras) a gran escala, confluyendo en la creación de estructuras asamblearias tan complejas como el Consejo de Aragón.

Durante la larga noche del franquismo, aunque sobre paramentos totalmente opuestos a los descritos anteriormente, se van intentar abordar también los problemas de posesión de la tierra recuperando un conjunto de actuaciones sobre la superficie agraria que se venían planteando desde principios del siglo XX. A partir de su aprobación en 1952 se empezó a desarrollar con mayor incidencia (aunque no sólo en esas zonas) en las vegas del Guadiana (en el conocido como plan Badajoz) y en las vegas de Guadalquivir. Hay que señalar que toda esa serie de mejoras fueron realizadas por presos políticos bajo la perversa herramienta del programa de redención de penas por el trabajo. Está claro que este proceso inmoral enriqueció a las empresas constructoras que ejecutaban la obra pública (que a día de hoy siguen ejecutándola) y sólo puso en manos de los campesinos una pequeña parte de la tierra denominada tierras en exceso bajo unas condiciones difíciles de cumplir para que con el tiempo y, bajo la tutela del propio Estado, pudieran al fin ser propietarios de parcelas que rondaban desde las 4 hasta las 8 hectáreas.

Estos planes agrarios se implementaron con otra serie de planes de desarrollo para dejar atrás el periodo de autarquía que se remontaba al inicio de la postguerra. Desde 1959 y hasta prácticamente el fin de la dictadura van a desarrollarse paralelamente varios polos industriales (con gran retraso sobre el resto de Europa) en ciudades como Valladolid, Zaragoza, Burgos, Vigo, Sevilla, la Coruña, Huelva, Granada, Córdoba u Oviedo, gracias a los activos que llegaban desde la emigración internacional y del turismo europeo a nuestras costas, entre otros. Estas acciones van a repercutir de una manera clara en el mapa humano que actualmente vemos en el interior peninsular. El éxodo masivo del campo va a ir de manera continuada siendo aglutinado en barriadas populares al calor de la industria y de la necesidad de mano de obra. La presencia de esos hijos e hijas de origen rural (abrazando ahora sí una definida conciencia de clase) va a resultar imprescindible durante ese periodo de la llamada transición y van ser protagonistas directos de los cambios sociales de esa etapa en la que todo parecía posible.

Por último, ya con el Estado Español dentro de la Unión Europea, las agresivas políticas agrarias y ganaderas basadas en el centralismo económico que priman la producción y los mercados sobre cualquier otra cuestión hacen que el sector primario sea insostenible a nivel humano y económico entrando en una vorágine que ataca directamente a las explotaciones tradicionales que desarrollan su actividad bajo valores respetuosos con el medio y las personas  que los producen. Desde la política agraria común (PAC) dejan en sus objetivos bastante claras esas cuestiones^[2].

• Incrementar la productividad agraria, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo de la producción…las ayudas al progreso técnico suponen un yugo para los profesionales del sector. Endeudados de una manera eterna para una supuesta mejora de su capacidad de producción, mientras los propios mercados exigen más y más volumen de mercancía al mismo coste.
• Garantizar un nivel de vida equitativo y digno a la población agraria, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura…Este brindis al sol es rotundamente falso. Las ayudas se van directamente a los propietarios de la tierra y no a los profesionales que la trabajan. De esas cuestiones han surgido numerosas polémicas como aquella “en que la Junta de Andalucía en el año 2006 otorga la medalla de hija predilecta de Andalucía a la entonces duquesa de Alba entre las airadas protestas de los sindicatos agrarios de jornaleros”. La casa de Alba, que contaba (y cuenta) con 34.000 hectáreas en propiedad solo en esa comunidad, es uno de los mejores ejemplos (como otras tantas familias y grupos de inversión varios), para representar a todos los niveles esa amalgama de terratenientes, caciques, usureros y especuladores. Ruina de un campo como el andaluz o el extremeño, donde tradicionalmente se ha vivido de los recursos naturales de la tierra que nunca poseyeron.
• Estabilizar los mercados…O lo que es lo mismo paz social a bajo coste.
• Asegurar al consumidor suministros a precios razonables…Aunque queden por el camino productores, recolectores y la clase trabajadora que se afana en el sector. La única función de la política común europea es aupar a los intermediarios, multiplicando el beneficio de la mercancía que gestionan a porcentajes insultantes.

La respuesta del pueblo, la resistencia ante el expolio.

En 1476 la localidad cordobesa de Fuente Ovejuna vio cómo su tierra comunal era otorgada bajo orden del rey Enrique IV de Castilla a la orden de Calavatra. El comendador o administrador impuesto se llamaba Fernán Gómez de Guzmán, que entró en la ciudad como en plaza conquistada. El Palacio del Comendador fue asaltado por todo el pueblo encabezado por el alcalde y los corregidores. La masa enardecida acabó con la vida del administrador. Este suceso, dio pie a una leyenda y posteriormente a una obra de teatro escrita por Lope de Vega, cuyo diálogo más famoso respondiendo a la petición de un juez sobre ¿Quién mató al comendador?– respondiendo el común: Fuenteovejuna señor.  Otro ejemplo más de las disputas que salpicaron durante siglos la soberanía de la tierra.

    La rebeldía de los propios vecinos a la imposición del germen de la modalidad de propiedad privada en forma de fueros o de cartas pueblas (que daban poder a la aristocracia y el clero creando fuertes señoríos frente a los estamentos libres), fue una constante sobre todo a partir del siglo XV. De ahí que el sentimiento antiseñorial y anticlerical fuera creciendo en el propio pueblo, floreciendo de una forma más palpable al calor de las distintas crisis políticas o económicas. No hay que olvidar que el sistema comunal (aun con sus deficiencias productivas) estuvo presente en casi toda Europa 500 años de una manera continuada y más aún en la península que, como ya se ha indicado antes, la industrialización tanto de las ciudades como del campo fue bastante más tardía.

 Las luchas de poder entre las grandes familias dentro de los territorios que se englobaban dentro de las coronas de Castilla y Aragón hacían muy difícil la supervivencia de las clases populares. Con estos precedentes y por motivos muy similares se fueron desatando revueltas campesinas ante la falta de las mínimas condiciones de vida e, incluso, procesos políticos donde las nuevas capas sociales iban tomando conciencia que se iban plasmando en auténticas reivindicaciones de carácter gremial y colectivo. Bajo esas premisas se desataron en Cataluña las guerras Remensas (desde 1462 hasta 1485) y en Galicia la revuelta Irmandiña de (1467 al 1469). Otros ejemplos quizás más conocidos por las implicaciones civiles que tuvieron en su época fueron la revuelta de las Germanías en los reinos de Valencia y Mallorca y la guerra de las Comunidades en la Corona de Castilla a partir de 1519. Lo más destacable de esta última es la lucha directa entre las distintas facciones e intereses enfrentados que existían en la época. En esa guerra civil no sólo se dirimió huir de la presión fiscal que exigía el monarca y sus partidarios para sus aspiraciones dinásticas y de poder, sino la organización social y económica tanto de los territorios pertenecientes a la corona de Castilla como del resto de territorios peninsulares. Durante la estallido de la rebelión comunera en plena escalada bélica, se redacta un esbozo de constitución (la Ley Perpetua) en Ávila durante las reuniones de la Santa Junta, (nombre oficioso que recibían las cortes del estamento revolucionario de las ciudades hermanadas en rebeldía), dotando así al movimiento de poder político y social paralelo al poder regio. La propuesta del bando comunero limitaba el poder real y de la aristocracia en todos sus ámbitos a la vez que impulsaba la influencia de los gremios y de la incipiente industria textil de las ciudades. En palabras de Diego Camacho Escamez “Abel Paz”, historiador y militante de la CNT^[3]: ”para empezar hay que tener en cuenta las Comunidades de Castilla….en 1519 nos adelantamos 2 siglos a la revolución de 1789, porque en esencia se trata de la misma revolución. Aquella gente tenía un concepto de democracia muy avanzado, se hablaba por ejemplo del mando imperativo. El regidor que se nombraba para representar a la comunidad, sino respetaba la voluntad popular era automáticamente cesado. Era tan radical aquella visión que de hecho el anarquismo no hizo más que retomar el hilo de la historia y arrastrarlo hasta 1936”. Otro ejemplo que hace referencia a estos movimientos donde el pueblo tuvo un gran protagonismo, nos lo mostraba el berciano Ángel Pestaña en su conocido discurso “las doce palabras de la victoria”^[4], donde decía: “Venceremos, porque somos la tradición de la España representada en los Comuneros de Castilla, en las Germanías valencianas y en los gremios andaluces y catalanes”.

Lo que viene a corroborar todo esto, es que los procesos de usurpación de la tierra por los poderes reaccionarios no estuvieron exentos de contestación desde épocas muy tempranas. Las guerras carlistas también sostienen bajo diferentes perspectivas la resistencia por el abandono de los modos de vida tradicionales ligados a la propiedad comunal. El anarquismo, ya muy activo desde finales del siglo XIX, se hizo eco de todas estas luchas actualizándolas y abanderando no sólo a los jornaleros sino al pequeño campesinado bajo la premisa clara de “la tierra para el que la trabaja”. En los órganos de expresión de los sindicatos de la CNT en las zonas del interior (como el Luchador o Campo

Libre), se recogen diferentes artículos y propuestas anticipando la ocupación de tierras (con hechos represivos tan lamentables como el de Casas Viejas en Enero de 1933), la reforma agraria (que la República no supo concluir), todo esto años antes de que las colectividades que impregnaron buena parte de la zona bajo control popular vieran la luz.

La victoria del ejército reaccionario y la ira provocada por la heroica resistencia planteada por las organizaciones sociales a un ejército profesional y mejor pertrechado condujo a una represión de la que aún perduran sus consecuencias. Hay que pararse a entender lo que supuso para el mundo rural esta nueva situación de terror. Durante años, los bravos jornaleros y los trabajadores de toda condición fueron levantando sindicatos como espacios libres donde el aprendizaje y la solidaridad se abrían paso en una tesitura muy complicada. Estas semillas de libertad que se iban plantando poco a poco en todos los pueblos y aldeas estaban llamadas a ser el relevo popular a siglos de opresión. Y otra vez en el centro de todo la propiedad de la tierra, otra vez el expolio de los bienes colectivos, de las ideas avanzadas, de la enseñanza humanista, de los derechos de las personas. Ese es el motivo del asesinato en masa de la parte de la población más concienciada con sus semejantes. Solo paró la matanza del pueblo productor cuando la burguesía intuyó el peligro económico que suponía quedarse sin los braceros necesarios para seguir con sus explotaciones agrarias. Solo en ese momento, iniciaron planes paternalistas para abordar el problema de los huérfanos y de la hambruna generalizada, previo paso, claro está, de un adoctrinamiento total por parte de la secta católica y del Estado reaccionario.

  La desaparición de cualquier esperanza de recuperar un atisbo de libertad durante la dictadura no fue impedimento para que la primera oposición al Estado totalitario partiera directamente del mundo rural, formándose en los lugares más inaccesibles numerosas partidas guerrilleras alejadas de los grandes núcleos de población. Esta resistencia estuvo activa de una manera continuada hasta 1952, justo hasta el momento que las potencias occidentales deciden de una manera unánime amparar la dictadura. Abandonando con ello al pueblo trabajador a su suerte y dando legitimidad al franquismo en el tablero internacional.

La actualidad de nuestros pueblos-conclusiones en el desierto de Europa.

Para entender el problema de la despoblación era necesario hacer un breve repaso histórico de parte del sector primario que durante siglos empleaba bajo diversas formas a un alto porcentaje de la población activa. Todo lo que se viene a llamar actualmente la España vaciada no siempre fue un telón de fondo paisajístico para que los pasajeros de los trenes de la alta velocidad perdieran la vista. Esas zonas ahora baldías y despobladas, atesoran el 60% del patrimonio artístico y cultural de la península. Esas comarcas deprimidas y despobladas en algún momento de la historia albergaron más de la mitad de la población del conjunto del Estado.

Las consecuencias de las continuas derrotas populares se consolidaron de una manera formal durante la transición, donde se abrieron procesos económicos cuyas repercusiones dieron la puntilla al ya durante siglos deteriorado mundo rural. Las líneas de ferrocarril que unían la mayoría de esas comarcas fueron clausuradas en la nochevieja de 1984, haciéndose cumplir un acuerdo del consejo de ministros en el que exoneraban al operador público (Renfe) del mantenimiento de esa infraestructura. Así, con nocturnidad y alevosía, se cerraron vías tan emblemáticas como la Vía de la Plata, Valladolid-Ariza, Burgos-Soria. A las que desgraciadamente y con el paso del tiempo, se han ido uniendo más y más kilómetros de vía convencional. La burda excusa que dieron para dar carpetazo final a estas líneas fue la baja rentabilidad del transporte social. La realidad, es que se apuesta por lo que llamamos desde hace tiempo centralismo económico, que destruye el tejido de comunicaciones que une pueblos y personas, para desarrollar un modelo más deficitario aun que une ciudades y capital monetario. El desmantelamiento del transporte colectivo fue la punta de lanza, siguieron las escuelas rurales a partir de 1986 bajo el plan de colegios rurales agrupados y ahora, por último, implementando un nuevo modelo de gestión médica no presencial, que es en definitiva una reorganización centralizada del único servicio público que parecía lograr mantenerse en pie: la atención primaria.

Desde el Estado, por lo tanto, no sólo han olvidado paliar estas dramáticas situaciones sino que las están acelerando. Privar de servicios públicos y de los derechos fundamentales que estos soportan a las personas que resisten a una situación tan adversa es más que una invitación al exilio. Bajo esta tesitura de pleitesía a los intereses del capital por parte del Estado, los motivos para que el primero impusiera su ley son claros:

-Primero: la necesaria fuerza de trabajo ante la expansión económica de los años 60 y 70 del siglo pasado.

-Segundo: anular la protesta ante la nefasta gestión medioambiental que impulsan desde la industria en los desiertos poblacionales.

– Tercero: seguir controlando la posesión de la tierra: desarraigo y hurto de la propiedad van de la mano.

Desde la comunidad científica alertan del daño irreversible que el actual modelo económico está causando en todos los ciclos de la vida del planeta y de la insensatez en defender un modelo de crecimiento continuado en un planeta con recursos limitados.

El espejo de esto que sucede a nivel internacional se vive también en nuestros pueblos. Convirtiéndose, para nuestra desgracia, en un entorno monolítico de cultivo o ganadería intensiva que modifica sin marcha atrás el ya desolado paisaje, en un basurero de residuos generados por la sociedad moderna, en un insano circo de ocio cañí subvencionado por los entes públicos, en un campo de pruebas temático para que un turismo agresivo y depredador disfrute de los meses de verano, en el lugar donde extraer materias primas a cualquier coste y, sobre todo, en un gran coto de caza donde gente ajena a este mundo o los caciques que aún quedan (superado ya el periodo de matar por supervivencia), sean dueños y señores de un ocio innecesario que impide otras alternativas más beneficiosas para quienes viven en nuestros pueblos.

La otra cara de la moneda son las ciudades, nuevas Atalayas feudales. Donde la clase obrera accede a un pedazo de habitáculo en alquiler o propiedad a precio de oro. Donde la libertad cada vez está más encadenada, hipotecada y vigilada. Donde ni siquiera se tiene opción a procurarse alimentos sanos. Donde la precariedad laboral lleva sin remisión al fracaso y donde se desmorona la falacia del enriquecimiento por meritocracia (del que tanto gusta hablar la clase dominante aun sabiendo y siendo conscientes de que la riqueza y la pobreza se heredan de la misma forma). Son estos espacios reducidos la moneda de cambio donde se compra la conquista de un espejismo de vida, ajeno a la realidad, al bienestar y a la esencia de nuestra naturaleza. Unidos y unidas podemos aplicar el apoyo mutuo y la solidaridad porque unidos y unidas, somos fuertes para organizarnos y conquistar nuestro derecho a una vida digna.

Recuperemos espacios libres y la tierra que nos pertenece. Recuperemos relaciones humanas en armonía con el medio del que formamos parte (por mucha propaganda sutil que diga lo contrario) de una manera intrínseca.

Esto que se plantea no es nuevo. No es una cuestión de ciudad o ruralidad, sino el proceso necesario para recuperar nuestro lugar natural en el mundo. Una sociedad fallida como la actual, donde los valores humanistas están siendo desplazados por el odio, el racismo y un patriotismo estético (que curiosamente jamás planteará que esas palabras que martillean como soberanía, democracia o comunidad tengan el sentido real para el que fueron acuñadas), necesita repensar el encaje de las personas en la toma de decisiones. Los conceptos de gestión colectiva se deben de abordar de una u otra forma, no solo para articular una respuesta o queja a los nuevos procesos capitalistas, sino para dar soluciones reales que enfrenten a esta sociedad egoísta del culto al dinero a sus propias contradicciones.

La alternativa libertaria- el fin del centralismo económico y territorial.

El congreso de 1919 en el teatro de la Comedia en Madrid fue fundamental para dotar a la organización de un programa agrario de lucha y para sumar fuerzas confluyendo y pasando a formar parte de la Confederación la Federación de Obreros y Agricultores (FNOA). Las aspiraciones de los campesinos y jornaleros por lo tanto, fueron desde 1919 muy tenidas en cuenta en los congresos de la CNT. La definitiva tabla reivindicativa que saldrá del congreso de mayo de 1936 en Zaragoza hace ver que el pragmatismo no tiene que estar reñido con los profundos cambios revolucionarios necesarios en el campo agrario.^[5]

• Expropiación sin indemnización de las propiedades de más de 50 hectáreas de tierra.
• Confiscación del ganado de reserva, aperos de labranza, maquinaria y semillas, que se hallen en poder de los terratenientes.
• Revisión de los bienes comunales y entrega de los mismos a los sindicatos de campesinos para su cultivo y explotación de forma colectiva.
• Entrega proporcional y gratuita en usufructo de dichos terrenos y efectos a los sindicatos de campesinos para la explotación directa y colectiva de los mismos.
• Abolición de contribuciones, impuestos territoriales, deudas y cargas hipotecarias que pesen sobre las propiedades, aperos de labranza, y maquinaria que constituyen el modo de vida de sus dueños y cuyas tierras son cultivadas directamente por ellos, sin intervención continuada ni explotación de otros trabajadores.
• Supresión de la renta en dinero o en especie que los pequeños arrendatarios, rabassaires, colonos arrendatarios forestales etc., se ven obligados a satisfacer actualmente a los grandes terratenientes.
• Fomento de las obras hidráulicas, vías de comunicación, ganadería y granjas avícolas, repoblación forestal y creación de escuelas de agricultores y estaciones enológicas.
• Solución inmediata del paro obrero, reducción de la jornada de trabajo y nivelación de los sueldos con el coste de la vida.
• Toma directa por los sindicatos de campesinos de las tierras que, por insuficiente cultivo, constituyen un sabotaje a la economía nacional.

Como vemos, algunas de las medidas consensuadas en este congreso no pasan por ser más que reformas, algunas incluso de carácter interclasista (adaptando el discurso obrero a las necesidades del pequeño campesinado y de los jornaleros), con otras de carácter revolucionario y de amplio eco histórico. Posiblemente, no intuirían que muchas de estas medidas tuvieran que ponerse en práctica meses después al comenzar la guerra, desbordando por completo la teoría y enfrentando con las armas a varios mundos contrapuestos. Miles de trabajadores del campo y de la ciudad demostraron que desde el trabajo colectivo se puede gestionar no solo la agricultura y la ganadería, sino toda una sociedad moderna, llenándola de valores morales bajo un reparto equitativo de la riqueza que nace de la igualdad social y económica.

Por otra parte, el mundo actual ha cambiado demasiado y algunas de estas medidas serían a día de hoy obsoletas y ajenas al mundo que se pretende transformar. Compañeras y compañeros a nivel individual y varios sindicatos que conviven en su día a día con estos problemas, han hilado y puesto al día algunos de los puntos básicos en los que se debe de apuntalar el anarcosindicalismo del siglo XXI en entornos tan complejos como los explicados en líneas atrás. Sin necesidad de crear una guía de acción o una tabla reivindicativa (ya que no es el objeto de este texto, ni el lugar para ello) y desde la humildad con la que debemos mirar al problema de la despoblación, intentaré sintetizar algunos trazos por los que bajo mi punto de vista debería el sindicato llevar a cabo su acción sindical y social en las zonas rurales.^[6]

Medidas a corto plazo:

• Defensa de los derechos básicos y de los servicios sociales que los soportan en cada uno de nuestros pueblos sea educación, sanidad, transporte, cultura popular…etc. Amparado por un discurso que vaya más allá de lo público que incida en la autogestión y en el anticapitalismo, recogiendo con ello las reivindicaciones que el movimiento libertario lleva décadas promoviendo.
• Defensa de las estructuras democráticas tradicionales, basadas en la gestión común que aún perviven en algunas zonas de la península y están otra vez amenazadas por la ultima desamortización encubierta en la llamada ley Montoro.
• Defensa de la agricultura y de la ganadería tradicional frente a una ganadería intensiva que degrada el medio y una agricultura cada vez más dependiente de la industria bioquímica.
• Defensa del medio ambiente ante las nuevas formas de extracción de recursos minerales, de energías contaminantes y de obtención de materia prima a un coste innecesario.
• Campañas de concienciación con los sectores campesinos afines para poner en valor el consumo de productos de cercanía.
• Apoyo a las iniciativas culturales que desde el medio rural están impulsando sus colectivos sociales. Teniendo en cuenta que competir con la ciudad en ocio (aun siendo) responsable y reivindicativo es difícil.
• Incentivo de la figura del maestro rural, apertura de las aulas como servicio esencial para revertir la despoblación cuando haya un mínimo de usuarios y deslocalización de los centros de educación superiores a comarcas más deprimidas. Con el fin de descentralizar el modelo educativo que como indican las últimas reformas son el pilar de la económica capitalista.
• Creación de redes y servicios que permitan y garanticen de forma accesible los cuidados de las capas de población envejecida y personas dependientes, equiparando con ello los servicios de salud en todo el territorio.
• Despenalización de la okupación de pueblos abandonados en proyectos basados en la soberanía común y en el respeto al medio. Se debe de pretender no ver sentados en los banquillos a los pueblos que tienen gente y sí a los que han quedado sin gente los pueblos.
• Acceso a las nuevas tecnologías. Es necesario conectar personas y proyectos reales a todos los lugares del mundo. Por experiencia no solo el capital se abre paso, también la solidaridad.

Medidas a medio plazo:

• Contacto continuado con experiencias de economía social y con proyectos de producción sostenible. Estas experiencias son el germen de una nueva sociedad
• Coordinación de proyectos del medio rural con los grupos colectivistas organizados en las ciudades. Es necesario abrir foros y proyectos conjuntos para empezar a trabajar en la solidaridad de ida y vuelta y con ello, hacer posible que el mundo rural pueda empezar a sumar.
• Conocimiento y estudio del volumen actual de propiedad comunal existente en el Estado Español.
• Apoyo económico y humano a experiencias culturales, docentes o sanitarias de carácter social, que se afinquen en los entornos rurales.
• Creación de planes de rehabilitación de viviendas y creación de una bolsa de alquiler no especulativa.
• Discriminación positiva ante la fiscalidad, dotando de recursos a las zonas despobladas para el acceso al trasporte sostenible y a la vivienda.

Medidas a largo plazo:

• Destinar las tierras comunales para proyectos campesinos y ganaderos basados en una económica al servicio de las personas y no de los mercados. Expropiación de latifundios para el mismo fin.
• Control de la producción a manos de la colectividad, eliminando los intermediarios, la especulación y el monopolio.
• Creación de un tejido asociativo que permita intercambios fuera de los círculos capitalistas. Creando una estructura popular paralela que supere la economía de mercado y a quienes la controlan.
• Proyectos de recuperación integral de comarcas y pueblos que por sus circunstancias hayan sido objeto de una degradación demográfica implacable. Se trata de revertir la situación actual descentralizando la economía para poder llegar a poseer una vida digna en el hermoso horizonte de la esperanza que camine a la revolución social.

[1] Del libro de Julio Senador “Castilla en Escombros”

[2] Traducción de la web oficial de la unión europea (EU)

[3] Entrevista a Abel Paz en Indymedia Argentina año 2005

[4] Ante los micrófonos de Unión Radio a las 12 de la noche el 31 de diciembre de 1936

[5] Extraído del libro de Julián Vadillo “Historia de la CNT”

[6] Basado en la ponencia de CNT Valladolid en el II foro libertario en Pobladura de Sotiedra y en el posicionamiento de la CNT de Teruel con respecto a las manifestaciones y actos en torno a la España vaciada