La batalla del Convenio de Hostelería de Valladolid: Basta de abusos

La negociación del convenio de hostelería para la provincia de Valladolid está siendo una tediosa e interminable partida de parchís jugada con trampas entre los sindicatos burocráticos, las distintas patronales del sector y otros «agentes sociales» en la que, una vez más, no se deja a trabajadoras y trabajadores otro papel que el de mirar sin jugar. Pero mirar no desde una butaca, sino desde los establecimientos en que están empleados y en los que sufren condiciones penosas.

Si entrase en vigor el convenio que los sindicatos han acordado en la actualidad con una entidad de la patronal hotelera -alojamientos-, y que han registrado en este mes en la Oficina Territorial de Trabajo, resultaría que se adeuda a cada trabajador o trabajadora del sector unos 275 euros desde la caducidad del anterior convenio, a principios de año. Una medida que afecta a unos 14.000 puestos de trabajo en nuestra provincia. Pero por si no fuera bastante lamentable un proceso que mantiene en vilo los derechos de tan alto número de compañeras y compañeros, ahora la Confederación Vallisoletana de Empresarios se descuelga con un comunicado en que cuestiona el acuerdo y se pone de parte de la patronal hostelera -bares, restaurantes y cafeterías-.

El comunicado de la CVE pone por encima de todo «la contención salarial» para todo el sector de la hostelería. Interpreta que sólo se produce en hotelería, pero llama a que afecte a hostelería y hoteleria por igual. Entre llamamientos al «diálogo social», parece limitarlo al diálogo entre las asociaciones «legítimas» de los beneficiados por la merma de derechos de quienes se dejan la piel tras las barras o atendiendo las mesas. Se presenta como alarmante el paso de una base salarial de 800 euros a una mínimamente digna de 1.000: parece que esa pequeña reforma puede poner en crisis la sociedad, fomentar la despoblación del medio rural y otros tópicos sin más recorrido que una tertulia radiofónica.

Aporta abundante información, pero parece haberse dejado en el tintero datos de los que trabajadoras y trabajadores podríamos haberles informado profusamente en el ‘diálogo’, como el hábito del pago «en sobres» destinado a hacer que los derechos de la persona empleada no dependan del contrato sino de la voluntad cambiante del empleador.