Este 3 de Mayo paremos la criminalización

Nos vemos este sábado, 3 de mayo, a las 18h en la Plaza de Fuente Dorada ¡contra la criminalización de la protesta social por el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana!

¿Qué se esconde tras esta ley?

Solo pretende el ataque a los derechos de manifestación y libertad de expresión.

El ejercicio del derecho de manifestación como bien público pasa de ser una libertad a proteger, a ser un concepto de “orden público” de tiempos pasados.

Desaparecen las faltas para recogerse como infracciones administrativas. En la vía administrativa se considera como prueba la declaración de los policías contra el denunciado, no dando valor a la declaración de otros posibles testigos.

En la tramitación no hay juez. Si se recurre habrá que abonar tasas a la administración, incrementándose los costes de la defensa, reduciéndose con ello las posibilidades de acceder a la justicia. Solo quien pueda pagar se podrá defender.

Criminaliza el ejercicio de derechos fundamentales y crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político.

Quieren disuadirnos de participar en la protesta social

Las infracciones son acumulativas:
- 3 leves = 1 grave
- 3 graves = 1 muy grave
- Infracción leve: de 100 a 1000 Euros
- Infracción grave: de 1001 a 30000 Euros
- Infracción muy grave: de 30001 a 600000 Euros

Las sanciones y los nombres y apellidos de las personas con infracciones muy graves, podrán ser hechas públicas.

Esto puede considerarse una ficha policial en toda regla y por consiguiente una ficha política.

Se trata de un proyecto diseñado para garantizar en exclusiva la seguridad de quienes están causando dolor, sufrimiento, miseria e inseguridad para la ciudadanía.

Supone un alarmante aumento de la represión y control social, penalizando la legítima protesta y la contestación social, con el objetivo de convertirnos en una sociedad miedosa, silenciosa, y fragmentada.

La futura ley de huelga, pretende recortar al máximo el derecho de protesta de la clase trabajadora.

Sienta las bases de la privatización de la seguridad y de los centros Penitenciarios.

Autoriza a los agentes de Seguridad Privada para identificar, cachear e incluso detener a toda persona que considere sospechosa en la vía pública. En el nuevo Código la resistencia o desobediencia a un miembro de la seguridad privada se eleva a la condición de delito dándole categoría de agente de la autoridad.

Por todo esto, invitamos a toda la sociedad: ONGs, sindicatos, partidos, asociaciones de vecinos y colectivos de todo tipo a parar la criminalización de la protesta social y el grave retroceso de nuestros y vuestros derechos como ciudadanas.