El gobierno destruye las condiciones laborales del sector público

La última oleada de recortes emprendida por el gobierno y materializada en el decreto 20/2012 supone un ejercicio de total y absoluto desprecio al conjunto de la clase trabajadora.

El PP en primer lugar, por supuesto, pero también el sistema parlamentario e institucional en su conjunto, están mostrando una completa indiferencia ante la situación en la que están dejando a la sociedad. En estos nuevos recortes, nos vemos afectados todos y todas: bien por la brutal subida de impuestos, por la reducción del importe de las prestaciones por desempleo, la limitación de cobertura del FOGASA, la eliminación de la deducción a la compra de vivienda, la subida del precio de la luz, la nueva regulación de la ley de Dependencia, las privatizaciones o la desregulación de horarios en el comercio. Pero al sector de trabajadores al que se asesta el más duro golpe es a los empleados públicos.

Los trabajadores públicos seguimos siendo el chivo expiatorio de la crisis. Tradicionalmente instalados en una cierta lejanía hacia las reformas laborales y los recortes sociales en general, el personal de las administraciones se creía “a salvo” de la rapiña sobre los salarios y las condiciones de trabajo que sufrimos el conjunto de los trabajadores desde hace ya décadas. Esto no sólo era un error, como está quedando bien a las claras, sino que había separado en dos mundos a las personas que trabajan para la empresa privada y las que lo hacen para la pública. Aprovechándose de este distanciamiento, tanto el PSOE como ahora el PP están destruyendo el sector público; no sólo empeorando las condiciones de sus trabajadores, sino socavando la prestación de los servicios mismos.

Estos nuevos recortes suponen para los empleados públicos la pérdida de un 7% del salario, a través de la eliminación de una paga extra, lo que se suma a la congelación salarial para este año y a la reducción del 5% del salario ya practicada en 2010. A esto se añade una reducción de la prestación en caso de incapacidad temporal y de otros derechos laborales. Y además, en el ámbito del estado, se introducirán “criterios vinculantes de movilidad”, reservándose la administración la potestad de cambiar de puesto o de localidad de trabajo a sus funcionarios. En la práctica, esto significará que aquellos que no acepten los cambios impuestos, se verán abocados a su separación del servicio o a pasar a las situaciones de excedencia forzosa ya previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Pero la peor medida, y que sin embargo no aparece en los medios de comunicación, está dirigida especialmente al personal laboral. Este decreto convierte en papel mojado los convenios colectivos en vigor en todas las administraciones. Según se afirma en el decreto, se posibilita la suspensión o modificación de los convenios colectivos cuando concurra una causa derivada de “una alteración sustancial de las condiciones económicas”. Es decir, cuando una administración quiera adoptar un “plan de ajuste”, “reequilibrar” las cuentas públicas, asegurar su “estabilidad presupuestaria” o corregir su déficit, podrán tirar el convenio que han firmado a la basura e imponer a sus trabajadores las condiciones que le parezcan, cargándose de un plumazo la negociación colectiva.

De manera que el “arreglo” de la situación financiera por la que atraviesan ayuntamientos, comunidades autónomas o el propio estado, vuelve a cargarse de nuevo sobre las espaldas de los trabajadores. Porque el objetivo de esta medida es claro: nuevos recorte de salarios y derechos y más despidos para el personal laboral. Y como decíamos antes, esto afecta en primer lugar a los trabajadores, pero en consecuencia a toda la sociedad.

Estamos en una situación de emergencia: los trabajadores y trabajadoras tenemos que romper con urgencia todas las barreras entre colectivos, dentro y fuera de la administración, tanto los del sector público como los del privado; los que están en paro con los que aún trabajan; los de unos territorios con los de otros; esta agresión sólo podremos pararla juntos y bajo la única bandera de la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Paralelos a todos estos recortes cada día se nos amenaza con mayores medidas represivas para intentar ahogar la calle. La actuación de los “servicios del orden” es cada vez más inhumana y más absurda. Es el momento de articular una respuesta única y fuerte, dirigida contra esta casta de políticos y banqueros que son hoy más que nunca, el mayor peligro para la sociedad. Estos sí que son nuestros enemigos.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CNT