Cortinas de humo del ayuntamiento de Valladolid: sigue persiguiendo la colocación de carteles

Comunicado de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades ante los intentos del ayuntamiento de Valladolid de disimular su responsabilidad en la represión de activistas sociales y feministas

Somos trabajadoras. Respondemos sacando tiempo de nuestro descanso y quitándolo de la atención a quienes nos rodean. No tenemos presupuesto alguno ni cargos con sueldo ni servicio de prensa contratados, todo con dinero público, como tiene Toma la Palabra para sacar un comunicado autoexculpatorio y falaz por la represión a varias mujeres la pasada noche cuando la policía las detuvo y llevó a comisaría por pegar carteles de la Huelga Feminista del 8M. Privilegios inmerecidos que utiliza una vez más contra el pueblo y para engañar a las vecinas de Valladolid tratando patéticamente de argumentar contra el carácter represor de la Ordenanza para la protección del medio urbano, conocida ya por todas como Ordenanza Mordaza, y que, como hemos demostrado, es la continuadora de la reaccionara Ordenanza para la protección de la convivencia y prevención de conductas antisociales del PP.

Sobre lo que diga Toma la Palabra en relación con la huelga feminista se bastan las compañeras del comité organizador de Valladolid para responderles. En lo tocante a las ordenanzas municipales represivas, nos toca a nosotras dar cumplida respuesta.

Y que no esperen que centremos nuestra crítica en la actuación policial, que la merece y queda ya dicho en relación a su prepotencia, arbitrariedad y maneras antidemocráticas. Tras la policía y el cuestionamiento de su actuación en la noche del miércoles se esconde Toma la Palabra para intentar no aparecer como lo que es: la responsable de lo sucedido. Por formar el equipo de gobierno en cuyo nombre actúa la policía, por mantener la ordenanza del PP en vigor y por darle continuidad con la ordenanza mordaza. No merece más comentarios.

Toma la Palabra dice haber pedido explicaciones a la policía por haber llevado a un grupo de mujeres a la comisaría por colocar carteles en la calle en favor de la Huelga Feminista del 8M, cuando son ellos –no olvidemos que tras este nombre están IU y Equo- los que “ponen en riesgo la libertad de expresión” y son corresponsables de que la ordenanza antisocial siga en vigor y de que la nueva ordenanza mordaza siga sancionando la colocación de carteles y otras muchas formas de ejercicio de libertades fundamentales de reunión, información y expresión.

Toma la Palabra engaña cuando dice que la ordenanza mordaza “excluye explícitamente en su articulado como actuaciones sancionables aquéllas amparadas en el ejercicio de derechos fundamentales”. Baste recordar para desmontar esta mentira un ejemplo conocido por todas: la desnudez en la ordenanza aún en vigor está prohibida salvo cuando se ejerce en el ejercicio de derechos fundamentales, por ejemplo, recordamos todas, en una manifestación como la Ciclonudista que es como consiguió sobrevivir al reaccionario De la Riva, pero lamentablemente está prohibida y sancionada -pronto, dejará de estarlo- en cualquier otra circunstancia. Es patética la argumentación de Toma la Palabra. Todas sabemos que en este caso ni siquiera durante una manifestación –ejerciendo aquí un derecho fundamental- está permitido pegar carteles o poner pegatinas y basta para ello recordar las cargas y sanciones impuestas durante un pasado 1º de Mayo. Desmontado queda el argumento.

Dice Toma la Palabra que “una mera pegada de carteles en ningún caso puede suponer una apertura de un procedimiento sancionador” y que es vital asegurar que la reglamentación municipal no produzca, en ningún caso, un menoscabo del ejercicio de derechos fundamentales” de forma que “si se dieran estos casos, Valladolid Toma la Palabra promovería la modificación de los artículos que provoquen este menoscabo”. Aquí nos quedamos “muertas”. Es decir, ¿no se tiene certeza en el Ayuntamiento al aprobar una norma acerca de si va a vulnerar o no derechos fundamentales? Ante la duda, ¿qué hacen?: aprobar la norma represora, prohibir y sancionar.

A continuación intenta Toma la Palabra sumarse a la crítica a la Ley mordaza, indicando que vulnera derechos fundamentales, y aquí nos quiere engañar de nuevo a todas porque no tienen luego reparo alguno en aprobar una ordenanza municipal mordaza que es complemento de aquélla y que está imbricada con ella en su articulado y que forma parte del “conjunto represivo” estatal pues, lo recordamos todas, estas normas municipales no son más que tentáculos de una ley estatal que las hace posible: la Ley reguladora de bases de Régimen local en sus artículos 139 a 141. Y son también un brazo de la Ley mordaza a través del artículo 32 que dice que “las ordenanzas municipales podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en esta Ley” y del artículo 41. ¿A quién quieren engañar? No pueden criticar la Ley mordaza y salvar su correlato municipal.

Ahora toca que leamos todas con atención para pillarle el truco a Toma la Palabra. Veamos. Efectivamente, la ordenanza antisocial del PP prohibía expresamente la colocación de carteles en su artículo 7.1. El primer borrador de la ordenanza mordaza decía en su artículo 7.1 que “la colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad mercantil, comercial, artesanal o profesional se realizará con sometimiento al régimen establecido en la normativa sectorial”. Demasiado prolijo, debieron pensar, y finalmente fue aprobado diciendo “la propaganda o publicidad mercantil, comercial o profesional se realizará con sometimiento al régimen establecido en la normativa local o sectorial específica de aplicación”. Vale. Aquí no se habla de carteles “sociales”.

¿Dónde está el truco? En que ahora no prohíben la acción -pegar el cartel- sino que sancionan su consecuencia ya que el artículo 5 de la Ordenanza mordaza dice que “queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza -en la práctica, todo lo que te encuentras por la calle y en dependencias municipales y muchísimas privadas (todos recogidos en el art. 2 de ambas ordenanzas sobre Ámbito de aplicación)- que sea contraria a su uso o destino o implique su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino”. Atención a ese “cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino”.

Ya lo tenemos. Lo han escondido pero sabemos cómo y dónde buscar. Ese “ensuciar”, “degradar” o “menoscabar” su estética y su normal uso y destino sí está Desde luego sancionado y como mínimo como falta leve (hasta 750 euros), pero que puede llegar a ser grave (hasta 1.500 euros) o muy grave (hasta 3.000 euros). Y, además, y esto es importante, la ordenanza mordaza no enumera en ningún artículo el listado de “actuaciones” que puedan suponer ese “ensuciar”, “degradar” o “menoscabar”. Porque si hubiera un listado y en el no figuraran los carteles, asunto resuelto. Pero no, ningún artículo recoge listado alguno de «actuaciones» por lo que expresamente los carteles «no están prohibidos» como tampoco estan expresamente prohibidas ninguna de las innumerables “actuaciones” susceptibles de producir esos daños sancionados.

Y no olvidemos todas que aplicando los arbitrarios criterios de “continuidad”, “persistencia” o “reincidencia” en “ensuciar””, “degradar” o “menoscabar”, colocar carteles, algo que hacemos todas las que formamos parte de colectivos, la sanción puede llegar a esos 3.000 euros. O incluso convertirse en infracción objeto de la Ley mordaza -como apunta a serlo el cado de las compañeras detenidas ayer- o incluso del Código Penal. Es lo que tiene este jugar con fuego de los supuestos gobiernos del cambio que mezcla oportunismo, reaccionarismo, ignorancia y temor a un pueblo libre.

Esta es la perversión de este tipo de ordenanzas municipales de convivencia, cívicas o del medio urbano: reprimen el ejercicio de derechos fundamentales pero no prohibiéndolos directamente sino persiguiendo las consecuencias de su ejercicio que dicen que “ensucian”, “degradan” o “menoscaban” lo urbano o “perturban la convivencia”.

Dice Toma la Palabra que “la nueva ordenanza municipal -que aún no ha entrado en vigor- no prohíbe pegar carteles ni cualquier otra acción amparada en el derecho a la libertad de expresión”. ¿De verdad? Que prueben en su próximo acto en la calle a salir con cola y carteles e intentar pegarlos. Todas sabemos lo que va a ocurrir. Por eso está empapelada la ciudad de carteles reivindicativos de Toma la Palabra, ¿verdad que sí?

Hay mantras que aparentan lo que no son. Apela Toma la Palabra en su comuni ado a que esta nueva ordenanza busca evitar el “maltrato a lo común”. Todas sabemos que malversan el término común porque estas ordenanzas reprimen la denuncia precisamente del abuso de los poderes públicos y económicos sobre el común, lo de todas, lo que al pueblo pertenece, cuya defensa pasa necesariamente por “perturbar la tranquilidad ciudadanas” de los poderosos y sus servidores.

Dice por último Toma la Palabra que “las actuaciones policiales de la pasada madrugada no tienen ninguna relación con la actual Ordenanza de Protección del Medio Urbano, puesto que aún no ha entrado en vigor”. Y creen soslayar así su responsabilidad cuando esa actuación tiene que ver con la ordenanza antisocial del PP que tanto denunció el actual requipo de gobierno (PSOE, Toma la Palabra=IU+Equo, y quienes les apoyan, Sí se Puede) y que no derogaron nada más acceder al Ayuntamiento.

Desde la Plataforma por las Libertades de Valladolid nos mostramos completamente solidarias con las compañeras detenidas y llevadas a comisaría anoche y denunciaremos no solo las actuaciones represoras de este supuesto gobierno del cambio sino que trataremos de desmontar las mentiras y falsedades de PSOE, Toma la Palabra y Sí se Puede con las que encubren su reaccionaria actuación. Sería deseable que las bases de estas organizaciones -trabajadoras y trabajadores en su inmensa mayoría- no se dejaran llevar por los cálculos electorales que ciegan a sus dirigentes y estuvieran en la calle con el pueblo en la defensa de las libertades.

Y si alguien aún cree a Valladolid Toma la Palabra, que ahora o después con la ordenanza mordaza pruebe a salir a la calle con el cubo de cola, una escoba y carteles. Le deseamos suerte.

P.D. Este manifiesto tiene fecha del 23 de febrero de 2018. Ese mismo día, coincidiendo con las manifestaciones de protesta en las calles, el alcalde de Valladolid presumió de emitir una «instrucción» para evitar que en la aplicación de las ordenanzas municipales se viole la libertad de expresión. Está claro que el ayuntamiento ha de reconocer que la ordenanza mordaza vulnera derechos fundamentales si tiene que dictar una instrucción a la policía para intentar evitarlo; se ha te visto forzado a reconocerlo tras cuarenta y ocho horas de lucha que le ha sacado los colores. Lo que procede es derogar la ordenanza mordaza, que tras su publicación en el boletín oficial entrará en vigor en un mes.

Para saber más: