De momento no bajarán las pensiones mediante el alargamiento del período de cálculo. Pero están preparando otros recortes como alargar dos años el período mínimo para tener derecho a una pensión. El argumento: pronto no habrá dinero suficiente para las pensiones, pero eso sí, sobra para regalárselo a los empresarios, como en la reciente reforma laboral.
Cobrar la pensión será más difícil
El derecho a cobrar una pensión pública de la Seguridad Social va a resultar más difícil en el futuro. Ésta es la medida de ahorro más importante que el Gobierno negocia con los sindicatos para sanear el sistema público de pensiones. El periodo mínimo para percibir una pensión pública se alargará dos años.
En el 2020, la Seguridad Social entrará en un desequilibrio financiero grave debido a unos gastos significativamente superiores a los ingresos, según los expertos consultados por el Gobierno. Por ello, se ha decidido endurecer las condiciones para el cobro de las pensiones al tiempo que se intenta mejorar los ingresos pasando al régimen general a 350.000 empleadas del hogar y a más de 700.000 trabajadores agrarios.
Ésta ha sido una solución in extremis ante la negativa rotunda de UGT a incrementar el periodo de cálculo de las futuras pensiones de un año por ejercicio hasta cubrir toda la vida laboral como proponía CC. OO.
La decisión de endurecer las condiciones para obtener el derecho a cobrar una pensión pública en el futuro va dirigida a evitar una compra de pensiones,la cotización a precios elevados en los últimos años de la vida laboral. Actualmente, el periodo de cotización está establecido en 15 años, pero en este cómputo se tienen en cuenta las pagas extraordinarias, con lo que el periodo efectivo para cobrar una pensión pública se limita a 13 años. Una vez que se apruebe la reforma, el periodo de carencia quedará establecido en 15 años reales. Tras la reforma, se pasa de exigir una cotización real de 4.700 días a 5.425 días cotizados. Esto supone 725 días más, o el equivalente a dos años.
Otras medida para mejorar la financiación de la Seguridad Social en el futuro son la integración en el régimen general de todas las empleadas de hogar con una jornada de 40 horas. Actualmente, este colectivo, que agrupa a unas 350.000 personas – la mayor parte inmigrantes-, se integra en un régimen especial que tiene unas cotizaciones y derechos más limitados.
Las empleadas que trabajan por horas en domicilios particulares podrán agruparse a través de empresas para prestar estos servicios. Estas sociedades pagarían sus cotizaciones, para lo que contarían con subvenciones de la Administración. Así, se facilitará la creación de cooperativas a estas trabajadoras, hasta ahora sólo agrupadas a través de onG o sociedades benéficas.
Otra medida para mejorar las finanzas de la Seguridad Social es la desaparición del régimen agrario y su integración en el régimen general. Hoy hay unos 700.000 trabajadores agrarios que cotizan menos que el resto y cuyas prestaciones son también inferiores. A esta medida se oponen las agrupaciones empresariales agrarias, por lo que los negociadores están buscando una integración gradual que podría prolongarse hasta 15 años.
Un problema adicional que resolver son los trabajadores de Andalucía y Extremadura que trabajan temporalmente en el campo y que configuran el régimen especial agrario (REAS). La integración de los trabajadores agrarios no está cerrada y es el principal escollo que separa al Gobierno de las organizaciones sindicales para ultimar la reforma. El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, ha sido rotundo al afirmar que su sindicato no firmará ninguna reforma que no incluya esta medida.
En cuanto al periodo de cálculo no hay variaciones. Es decir, para determinar la cuantía de la prestación se tomarán como referencia los 15 años que se contabilizan ahora. El Gobierno propuso variarlo sin éxito. Con una cotización de 15 años, el trabajador recibe el 50% de la base por la que cotiza.
En cuanto a la jubilación parcial, en la mesa de negociación se ha llegado a un acuerdo para que ésta se mantenga pero con cambios para evitar abusos y un sobrecoste.
Las negociaciones se encuentran muy avanzadas y Gobierno y sindicatos coinciden en señalar que la reforma se cerrará a principios de junio. El próximo martes 16 se perfilarán las bases del acuerdo final.