CNT contra el derroche en el Sector Público

La Generalitat condenada por cesión ilegal de trabajadores y obligada a recontratar a los informáticos despedidos

La justicia da la razón, 2 años y medio después, a los trabajadores de la Sección Sindical de la CNT tras la denuncia por cesión ilegal de trabajadores en el área de informática y despido nulo por vulneración de derechos fundamentales contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI, empresa 100% pública y propiedad de la Generalitat), Informática El Corte Inglés (IECISA), Serikat y Cast Info.

Este Sindicato entendía que todos los trabajadores del Área de Gestión de Infraestructuras estaban a las órdenes del Departament como trabajadores propios pero bajo una sospechosa cadena de contratas y subcontratas sin ningún tipo de función. El resultado de esta situación es que la Generalitat pagaba más de 81.000€ al año por trabajador, cifra de la cual algunos compañeros no recibían ni una cuarta parte.

Tras la denuncia interpuesta en Diciembre de 2010, la alianza política-empresarial inició una campaña de acoso y derribo contra nuestra Sección Sindical pero los compañeros no se dejaron amedrentar y respondieron con firmeza, cantándoles las 40 durante la campaña electoral de las municipales de 2011 y preparando un calendario de acciones que empezaría con la Huelga del 20 al 28 de Junio.

Los trabajadores en Huelga fueron sustituidos, se les negó el derecho a ejercer como Comité de Huelga y finalmente fueron despedidos el 27 de Junio de 2011 en plena jornada de Huelga, hechos contrastados por el Inspector de Trabajo de guardia.

Tras presentar una nueva denuncia por despido nulo, los trabajadores sufrieron una cantidad delirante de retrasos y triquiñuelas de todo tipo, como que el Juzgado no consiguiera localizar a la empresa pública CTTI o a Informática El Corte Inglés. Finalmente el juicio se realizó en Diciembre de 2011 y en Febrero de 2012 llegó la sentencia. Para sorpresa de todos, se declararon procedentes los despidos y la inexistencia de cesión ilegal. Tras el varapalo que supuso la bochornosa sentencia digna de 1º de la ESO, los trabajadores se vieron obligados a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sin ni siquiera disponer del acta judicial pues el Juzgado la había perdido.

El Juzgado de 1º instancia tardó casi 4 meses en enviar la apelación al TSJC (suele tardar 3 o 4 días por valija interna). Así que, por fin, en Enero de este mismo año el TSJC declaró nulo el Juicio de 1ª instancia por “grave indefensión, incongruencia omisiva, fallo corto, quebrantamiento de forma y pérdida del acta judicial”, una vergüenza de proceso judicial que ha costado a nuestros compañeros más de 2 años en el paro.

Ahora, el Juzgado Nº 1 de Barcelona, y tras ingresar la nueva titular, ha condenado a todas las partes implicadas por tráfico ilegal de mano de obra y despido nulo por vulneración de derechos fundamentales (tutela judicial efectiva, derecho de huelga y libertad sindical) por lo que deben abonar los salarios de tramitación de estos 2 años, indemnizar económicamente a los trabajadores por los daños ocasionados y permitirles elegir a cuál de las empresas condenadas desean volver conservando la antigüedad.

Tras una lucha de 2 años y medio, los compañeros serán contratados como personal indefinido de la Generalitat de Catalunya, lo que supone una considerable mejora de sus condiciones de trabajo y un ahorro para las arcas públicas.

Esta sentencia demuestra como la privatización de los servicios informáticos y la posterior subcontratación ni reducía el gasto ni mejoraba el servicio como cacarearon en su momento, la realidad es que el servicio lo daban los trabajadores a las órdenes de la Generalitat mientras una cadena de subcontratas parásitas se enriquecían con dinero público sin aportar absolutamente nada. Los diferentes Governs han derrochado durante años millones de euros subcontratando informáticos pagando 3, 4 y 5 veces más de lo que cobraba el trabajador; una estrategia cuyo fin no era otro que el de mamonear, el de meter la pezuña en la caja y lucrarse tanto directa como indirectamente de las adjudicaciones públicas.