A los 75 años de una huelga anarcosindicalista en Telefónica

Corrían los primeros días de 1931 cuando la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) creó en Barcelona el Sindicato Nacional de Comunicaciones. Muy poco después la CNT convocaría la que sería la primera huelga estatal en Telefónica.

Joaquín Sotos, Valladolid, 4 de junio de 2006

La Haine

Durante la Dictadura del General Miguel Primo de Rivera los servicios telefónicos del país fueron entregados a una empresa norteamericana, la American Telephone Company, sin plazo de reversión, con privilegios excesivos, exención de impuestos y condiciones leoninas para el caso de rescate por el Estado. El contrato de concesión de los servicios telefónicos fue juzgado en sí como un abuso de poder.

El 25 de abril de 1930, Indalecio Prieto pronunció una conferencia en el Ateneo de Madrid y prometió en aquella ocasión que la República, que se presentía próxima, negaría validez al contrato y exigiría su modificación de conformidad con la legislación española. Llegó a declarar que la situación en la Compañía Telefónica era la de una colonia de los Estados Unidos.

Las concesiones dadas por la dictadura a la Compañía Telefónica Nacional de España fueron uno de los argumentos más tajantes contra su política económica y financiera. El decreto de junio de 1900 en materia de comunicaciones telefónicas permitía la concesión de líneas, de grupos urbanos y de redes interurbanas, pero a los 35 años de explotación las líneas revertían al Estado con todas sus instalaciones, y eso después de haber pagado en ese tiempo gravámenes tributarios legales.

Pero con la dictadura, un grupo de capitalistas norteamericanos, patrocinados por el embajador de Estados Unidos, obtuvo a perpetuidad la concesión de las comunicaciones telefónicas. El Estado podía rescatar a los veinte años las instalaciones pagando por ellas lo que en sus libros apareciese como desembolsado, y además un 15 por ciento de interés fijo en oro. Ninguna otra empresa gozaba de tales privilegios en España. Además estaba también exenta de todo impuesto y tributo estatal, provincial y municipal. Tampoco en el territorio foral vasco podían las diputaciones y ayuntamientos gravar a esa empresa, en contraste con lo que ocurría a todas las otras entidades industriales y mercantiles. Se agregó que los servicios instalados se hicieron con sistemas y aparatos patentados por grupos pertenecientes a la misma compañía norteamericana, de modo que, aun en el caso de que el Estado español recuperase a tan alto precio la Telefónica, tendría que seguir pagando los derechos de patentes hasta que se extinguiesen.

En Telefónica se habían producido numerosos despidos de personal y ya antes del 14 de abril de 1931 (fecha de la proclamación de la II República) se declaró en principio la huelga de los telefónicos, pero el movimiento se suspendió por gestiones y promesas del Comité revolucionario. Por eso, al proclamarse la República se esperó una pronta solución del pleito existente y como nada ocurriese y los nuevos gobernantes no diesen muestras de atención a las propuestas hechas a la empresa, el 6 de julio a las ocho de la mañana se inició el paro.

Prevista en principio para el 4 de julio, la huelga de ámbito estatal se declaró finalmente dos días después tras el fracaso de una mediación de última hora del ministro de comunicaciones Martínez Barrio, amigo de Alejandro Lerroux y miembro de su Partido Radical. La intervención del ministro había forzado a que representantes de los propietarios norteamericanos de la Compañía Telefónica recibieran a los delegados sindicales, algo que durante quince días habían rechazado por completo.

En aquellos momentos, la completa negativa de las empresas a reconocer los derechos sindicales de los trabajadores, una postura completamente ilegal, era la causa principal de las huelgas más conflictivas. En este caso la negativa fue subrayada por el despido intencionado, durante los meses de mayo y junio, de algunos de los trabajadores más activos en la organización de las secciones sindicales. Hay que señalar que, frente a esta actitud, los trabajadores de Telefónica se prepararon para la huelga de una manera moderada y respetuosa, intentando organizar la transferencia de su material y el abandono de sus puestos de trabajo de una forma ordenada que tenía poco que ver con el normal desencadenamiento de una huelga

De los 7.000 empleados que figuraban en la plantilla de la empresa, secundaron la huelga 6.200, siendo Barcelona, Sevilla, Madrid y Zaragoza las provincias donde tuvo mayor incidencia

El pliego de condiciones contenía estos puntos:

• Reconocimiento del Sindicato Nacional Telefónico, adherido a la CNT.
• Readmisión del personal despedido, unos 1.500 empleados
• Revisión de expedientes
• Inclusión en la plantilla y en el escalafón, del personal eventual con más de un año de prestación de servicios
• Confección del escalafón por riguroso orden de antigüedad
• Jubilación voluntaria a los 55 años de edad y forzosa a los 60
• Derecho del personal femenino a contraer matrimonio y de la concesión de los beneficios correspondientes en caso de parto

Los jornales oscilaban entre 30, 60, 90, 125, 200, 250 y 300 pesetas mensuales, pero había sueldos de 20.000, 80.000 y 100.000 pesetas oro.

El gobierno republicano se opuso a la huelga y procuró romperla con personal de la Unión General de Trabajadores (U.G.T). Fue esta una ocasión para librar una batalla contra el predominio de la C.N.T. en los servicios telefónicos. El ministro de trabajo socialista acusó a los huelguistas de querer impedir la celebración de las elecciones a Cortes constituyentes. Con apoyo de la empresa y de unos pocos adversarios del movimiento reivindicativo, se instituyó una Organización telefónica obrera que pidió ingreso en la U.G.T.; al frente de ella figuraban miembros del partido socialista. El esquirolaje fue así allanado y las gestiones para llegar a un acuerdo fueron obstruidas por los que estaban más interesados en eliminar la influencia de la C.N.T. en la Telefónica que en las razones que asistían a los huelguistas.

En efecto. El gobierno socialista trató a esta huelga, desde el primer instante, como si de un movimiento revolucionario se tratara, a pesar del carácter pacífico que demostraron los trabajadores durante los primeros días del conflicto. Y ¿por qué?. En primer lugar por el interés de una política exterior que quería dar una imagen tranquilizadora al capital extranjero. En segundo lugar por la obsesión por borrar del mapa al anarcosindicalismo. El socialismo veía con preocupación cómo no solo la CNT se rehacía de sus cenizas sino que además se abría espacio en sectores productivos hasta entonces controlados mayoritariamente por la UGT como la Telefónica o los ferroviarios. La consecuencia fue una agresiva política anti-cenetista que pusieron en práctica sus ministros, sobre todo Largo Caballero desde la cartera de Trabajo, y que tuvo su inicio en esta huelga de Telefónica e inmediata continuación en la de los descargadores del puerto de Barcelona. El gobierno contó siempre con la inestimable ayuda de la UGT, verdadera experta en el esquirolaje y en romper las huelgas convocadas por los trabajadores anarcosindicalistas.

El 7 de julio son detenidos los miembros del Comité de Huelga y poco después se producen varios actos de sabotaje. El día 9 se cortan líneas de conexiones internacionales a 40 km. de Zaragoza. Una bomba dañó gravemente la central de Sevilla y fueron voladas las antenas de cien metros que cruzaban el Ebro por Amposta. El 17 de julio son detenidos varios seguidores de la huelga en Vizcaya, acusados de sabotaje.

El 22 de julio el gobierno declara ilegal toda huelga que no se anuncie con diez días de antelación. Ese mismo día se producen actos de sabotaje en Murcia y Barcelona. En esta ciudad, una bomba en una cámara de registro del Paseo de Gracia destruyó las instalaciones y fueron cortados varios cables. Como dato anecdótico pero significativo de la confusión de intereses, mientras se colocaba y hasta que hizo explosión la bomba en la cámara de registro del Paseo de Gracia, fue cortado el tráfico de peatones y vehículos a distancia prudente para que estos no sufriesen ningún daño. Un oficial de estado mayor, probablemente enemigo del gobierno y amigo circunstancial de los huelguistas, había señalado ese punto neurálgico de las comunicaciones como objetivo de los saboteadores.

La lucha fue tenaz, pero el gobierno procedió con toda clase de recursos y de violencias para romperla y la Unión General de Trabajadores proporcionaba personal adventicio en reemplazo de los huelguistas. Durante todo este tiempo hubo en todo el estado violentos enfrentamientos entre militantes de CNT y de UGT.

El 18 de julio se lleva a cabo una huelga general en Sevilla en protesta por la muerte de un huelguista cervecero, produciéndose nuevos enfrentamientos que se saldan con el asesinato de un obrero de la fábrica Osborne. Durante el entierro de este obrero los anarquistas se enfrentan a la policía con el saldo de cuatro obreros y tres guardias de seguridad muertos. Al día siguiente se convoca una nueva huelga general en Sevilla. El 22 de julio se declara en esta ciudad el estado de guerra y el 23, de madrugada, en el parque de María Luisa, varios detenidos intentan escapar al cambiar de furgoneta policial. Hay cuatro muertos. Los rebeldes se hacen fuertes en la taberna «Casa Cornelio». El ministro de la Gobernación ordena bombardear la taberna. Ese mismo día se ordena la clausura de todos los centros anarcosindicalistas de España y la detención de sus cuadros dirigentes.

En el transcurso del conflicto de Telefónica hubo alrededor de 2.000 detenidos. La huelga duró varios meses y la acción conjunta de la U.G.T. y el gobierno acabaron por normalizar los servicios. Los confederales fueron vencidos, pero quedó un vivo fermento de encono entre las dos organizaciones sindicales.

Angel Samblancat, diputado a Cortes, se refirió a la huelga de Telefónica: “¿No había dicho el actual ministro de hacienda (Indalecio Prieto) en su conferencia del Ateneo que el contrato con la Telefónica había sido un atraco y un latrocinio? Pues en todas partes a los que se oponen al robo, a los que persiguen el robo se les llama representantes de la justicia, y sólo en este país a esos representantes de la justicia, que ahora son los huelguistas de la Telefónica, se les amenaza con fusilarlos si nada más se suben a un árbol. Los huelguistas telefónicos son hoy los héroes de la independencia nacional, son los Daoiz y Velarde de nuestros días y los que defienden a la patria contra la invasión yanqui…”

Los daños causados en las instalaciones de la empresa, a pesar del rigor de la represión, se calcularon en ocho millones de pesetas, sin contar los trastornos y los problemas creados por la irregularidad y la inseguridad de las comunicaciones.

El conflicto fue resucitado en abril de 1936, pero esta vez el Sindicato Nacional Telefónico de la CNT logró imponer sus reivindicaciones, el reintegro del personal despedido y una indemnización.

A muchos de poco les sirvió: tres meses después comenzaba la Guerra Civil y tres años más tarde una dolorosa derrota envió a los supervivientes al exilio…

Fuentes principales:

Diego Abad de Santillán – “Contribución a la Historia del Movimiento Obrero Español” Tomo III – Capítulo IV – Pp 68 y sg. (México 1971)

Graham Kelsey – “Anarcosindicalismo y Estado en Aragón 1930-1938. ¿Orden público o paz pública?” (Gobierno de Aragón – Institución Fernando El Católico – Fundación Salvador Seguí, Madrid 1994)

John Brademas – “Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937)” – pp 70 a 72 (Editorial Ariel, 1974)

León-Ignacio – “La Huelga de la Telefónica de 1931” (Origen desconocido. Ciclostil en PDF)

José Luis Gutiérrez Molina – Prólogo a la obra de Abel Paz “Durruti en la Revolución Española” pp 36 (La Esfera de los Libros, 2004)

Gabriel Jackson – “La República Española y la Guerra Civil” – pp58-59 (Crítica 1999 y 2005)

Jacinto Toryho – “La independencia de España” – pp. 104-113 (Barcelona, 1938)

José Peirats – “Los anarquistas en la crisis política española” – Capítulo V (1976)